La Nación
Nota - Editorial - Pag. 18
Editorial I

Garantizar el derecho a la salud de la población es en nuestro país una obligación resultante del juego armónico de diversas disposiciones de nuestra Constitución nacional y de varios tratados internacionales sobre derechos humanos a los que se les ha reconocido jerarquía constitucional. También la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema se ha encargado de señalar que el Estado se encuentra obligado a proteger la salud pública.

Sin embargo, el progresivo deterioro de la infraestructura y las prestaciones del hospital público, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, ha determinado que gran parte de la población deba confiar el cuidado de su salud a las obras sociales, a las cuales retribuyen con los aportes que se deducen de sus salarios quienes están en relación de dependencia, o bien a las empresas de medicina prepaga y obras sociales con planes para adherentes, mediante la asunción directa de los costos de tal prestación para quienes desarrollan sus actividades en forma autónoma. Hasta los jubilados cuyos ingresos o ayuda familiar se lo permiten procuran estar afiliados a una prepaga frente a las limitaciones propias del PAMI.

Este sector de la población que debe hacerse cargo de la protección de la salud que el Estado no le garantiza, a pesar de pagar sus impuestos y demás contribuciones, se ve particularmente afectado por los periódicos incrementos en las cuotas que abonan por el servicio de medicina prepaga, cuyos prestadores están a su vez sometidos a una fuerte presión de las clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y laboratorios, que exigen el aumento de sus aranceles.

Y si bien este fenómeno encuentra en parte su origen en el rebrote inflacionario que afecta la economía en general, existen otras razones fundamentales que gravitan quizá con mayor intensidad sobre los crecientes costos que deben afrontar los afiliados a la medicina prepaga, y que se derivan de un intervencionismo estatal errado y de decisiones judiciales que, en aras de proteger situaciones individuales, pierden de vista sus efectos nocivos sobre todo un sistema.

En 1996 se creó el Programa Médico Obligatorio (PMO), a partir del cual se estableció que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga deberían brindar a todos sus asociados un conjunto de prestaciones médicas mínimas en forma obligatoria. Pero esta iniciativa no exenta de razonabilidad se fue desnaturalizando con el paso del tiempo a raíz de la sucesiva y progresiva inclusión de prácticas quirúrgicas, tratamientos y medicamentos, que parecen desconocer que la actividad de las empresas de medicina prepaga y la de las obras sociales que cuentan con planes para adherentes se estructuran a la manera de un seguro cuyos costos resultan de un cálculo actuarial ajeno a cualquier voluntarismo bien intencionado, cuando no demagógico.

Así, por ejemplo, tratamientos como los de sida, de drogodependencia, de determinadas discapacidades, de enfermedades que requieren costosísimos medicamentos, prácticas quirúrgicas como la colocación de la banda gástrica, o el caso de los tratamientos de fertilización (que además engloban el problema de los embriones y los consecuentes partos múltiples) son a veces imposibles de ser cubiertos en términos económicos, sin afectar la calidad o los costos del servicio por el que pagan el conjunto de los afiliados a un sistema de medicina prepaga.

Como bien ha escrito el actual presidente de la Corte Suprema, "el presupuesto básico para considerar es que las prestaciones de salud constituyen un recurso escaso: no es actualmente posible que todos los individuos tengan acceso a todas las prestaciones que desean en lo atinente a la salud". No se trata, por cierto, de negar el derecho a acceder al tipo de tratamientos o prácticas mencionadas como ejemplo, sino que funcionarios, legisladores y jueces tomen conciencia de que éstas no pueden ser impuestas a la fuerza a entidades privadas, a menos que el Estado arbitre los medios para compensar económicamente estas prestaciones.

En caso contrario, el inevitable incremento de los costos para la prestación del servicio y el consecuente incremento de las cuotas conducirán a la sucesiva expulsión de afiliados del sistema y a la progresiva desaparición de las empresas que se dedican a esta actividad de primordial interés. Y, paradójicamente, se volcará al hospital público un caudal de demanda que incrementará dramáticamente el déficit de atención actual, morigerado precisamente por la existencia de la medicina prepaga.

Se trata entonces de dar una señal de alerta, de modo de evitar el progresivo deterioro del único sistema de salud que hoy funciona razonablemente en nuestro país, frente a la ostensible falta de capacidad del Estado para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud.