LA NACION 

El autor es director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral

Editorial I

Pasan los meses, y la opinión pública sigue familiarizándose con las siniestras maniobras de la llamada "mafia de los medicamentos". Las investigaciones se iniciaron cuando varios profesionales del Policlínico Bancario descubrieron y denunciaron que las drogas que les suministraban a sus pacientes oncológicos eran, en realidad, sustancias inocuas, enmascaradas en envases convencionales que entregaba la droguería contratada por esa institución sindical. Las muertes ocurridas en ese sanatorio fueron la manifestación más contundente y macabra de las maniobras de una red de sindicalistas, proveedores de medicamentos y funcionarios públicos que viene operando en el sector de la salud desde hace más de una década.

A cargo de las indagaciones está el juez Norberto Oyarbide. Este magistrado viene recibiendo críticas por su complicidad con el poder, sobre todo por la superficialidad con que examinó el fabuloso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner. Sin embargo, en el caso de la Asociación Bancaria, Oyarbide actuó con celeridad y rigor. Dispuso, por ejemplo, la prisión de Juan José Zanola, titular de esa organización e integrante de una casta impune como es buena parte de los gremialistas argentinos. Oyarbide también puso presa a la esposa del sindicalista y a Néstor Lorenzo, dueño de la droguería que vendió los remedios adulterados.

Las irregularidades habían sido detectadas ya por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, cuando ejercía ese cargo. Esa red descripta y denunciada por Ocaña está integrada por sindicalistas, titulares de droguerías y ex funcionarios en combinación para obtener subsidios del Estado sin contraprestación alguna. Algunos de estos empresarios se involucraron en transacciones con el tráfico de efedrina, vínculo que se descubrió por otro crimen, el del triple asesinato de General Rodríguez. Los mismos actores aparecieron en las listas de contribuyentes a las campañas electorales del matrimonio Kirchner; el encargado de recaudar los fondos era el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, responsable de controlar las droguerías que participaban de aquellos delitos y de ese mecenazgo.

Todavía queda por esclarecer cuál fue el papel de Capaccioli en este entramado que le hizo perder a su dependencia millones de pesos en pagar prestaciones que nunca se realizaron. La Justicia debería también determinar si tuvo alguna responsabilidad en los hechos de un colaborador principal de Capaccioli, el entonces gerente general de la Superintendencia, Néstor Vázquez, un médico al que la prensa señaló en reiteradas oportunidades como socio oculto de las droguerías de Lorenzo. Vázquez fue, también, el autor intelectual del fideicomiso creado por Zanola para salvar la obra social bancaria de la quiebra. Oyarbide tiene la oportunidad, también, de verificar si Zanola ratifica en el expediente judicial lo que dejó trascender al comienzo del escándalo: que la contratación de las empresas de Lorenzo habría sido una condición impuesta por Capaccioli y Vázquez para acceder a los subsidios del Estado.

Pero tampoco hay que esperarlo todo de Oyarbide. Otro juez federal, Claudio Bonadío, investiga el presunto enriquecimiento ilícito del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Bonadío requirió información sobre los subsidios que recibió en los últimos años la obra social del sindicato de camioneros. Al parecer, el magistrado está demorado en el análisis de esos papeles.

Un juzgado del que también debería surgir alguna luz respecto de estas irregularidades es el de la doctora María Romilda Servini de Cubría. Ella debe determinar la transparencia de las cuentas de campaña de la Presidenta y de su esposo y antecesor. Las droguerías a las que el Gobierno les otorgó subsidios de manera irregular son las mismas que contribuyeron a la campaña del Gobierno. Y el funcionario encargado de entregar el dinero en su carácter de superintendente de Salud era el mismo que recibía los fondos de campaña en su carácter de recaudador partidario. Una de esas droguerías podría estar vinculada al tráfico de efedrina. Además, varios dirigentes sindicales señalan a Zanola como otro de los aportantes de las campañas oficiales. A pesar de la seriedad de estos indicios, la doctora Servini de Cubría no ha aportado novedad alguna en esa causa.

En la Argentina, el escándalo no mereció, todavía, una sola referencia de la Presidenta ni de su esposo, a pesar de estar ambos vinculados con los casos. Que la CGT no haya emitido el más mínimo comunicado no debería llamar tanto la atención, porque la dirigencia sindical está en el centro de este nuevo escándalo.

No deja de asombrar que la dirigencia política no se vea estimulada por estas desviaciones para abrir un gran debate sobre la corrupción y politización facciosa de nuestro sistema de salud. Quizá no haya que exigir esa iniciativa al ministro Juan Manzur, el sucesor de Graciela Ocaña, quien tal vez deba su cargo a la decisión de sus superiores de no avanzar con este tipo de indagaciones. También puede ser estéril cifrar alguna expectativa en el superintendente actual, Ricardo Bellagio, salido de las entrañas del sistema que está bajo la lupa.

En cambio, sí cabría pretender que los dirigentes de la oposición manifiesten alguna inquietud. La salud de la población que trabaja en relación de dependencia ha sido tomada como rehén por una liga de operadores corruptos, enquistados en el Estado y conectados con el narcotráfico. La necesidad de una reforma en ese sector clama al cielo, pero ese clamor no inspira movimiento alguno tampoco fuera del Gobierno. Por momentos, no sólo la sociedad argentina parece sumida en un sopor de indiferencia frente a los males que la someten y retrasan. También parecen aletargados quienes deberían despertarla.