La Nación - Nota - Editorial - Pag. 24
Hace poco tiempo, desde esta columna se daba una señal de alerta ante la posibilidad de un progresivo deterioro del sistema privado de prestación de salud, como consecuencia de un intervencionismo estatal errado y de decisiones judiciales que pierden de vista sus efectos nocivos sobre el sistema. Nos referíamos a la desvirtuación de los fines que dieron origen al denominado Programa Médico Obligatorio (PMO), mediante la sucesiva inclusión normativa o reconocimiento judicial de costosísimos tratamientos puestos a cargo de las empresas de medicina prepaga, sin contemplar la forma de financiar el consecuente incremento de los costos prestacionales que forzosamente significan tales medidas para sus clientes o afiliados.
Paradójicamente, pocos días después se dio media sanción en Diputados a un proyecto de regulación de las entidades de medicina prepaga que no sólo soslaya por completo la búsqueda de una solución al problema antes planteado, sino que conducirá a poner en serio riesgo la subsistencia del único sistema de salud que hoy funciona razonablemente en nuestro país.
Por la naturaleza del servicio que prestan las entidades de medicina prepaga, se trata de una actividad que merece tener una regulación dirigida a establecer reglas claras de juego y evitar abusos. Sin embargo, debe rechazarse una regulación carente del necesario debate previo entre los actores involucrados, cuando además su principal propósito ha sido el de responder a una necesidad coyuntural cual es la de procurar evitar la actualización de las cuotas mensuales que deben abonar los adherentes al sistema. Es que si a través del dictado de una ley de regulación de la medicina prepaga se busca controlar el aumento de precios de los diferentes planes de salud, se puede afirmar, sin lugar a duda alguna, que la ley será un rotundo fracaso, ya que es sabido que por voluntad de un funcionario será imposible evitar que los precios de la medicina prepaga sigan la evolución de los precios de la economía en general.
En este sentido, el proyecto aprobado en Diputados crea una comisión permanente como "órgano de articulación" de las funciones fijadas por la ley a la autoridad de aplicación, que estará integrada por tres representantes del Ministerio de Salud y otros tantos del de Economía. Además de no quedar claro en qué consistirá la mentada articulación a cargo de la comisión, no se vislumbra qué competencia funcional en materia de salud puede tener el Ministerio de Economía.
El proyecto de regulación con media sanción introduce insensatas distorsiones. Así, por ejemplo, se establece que las entidades de medicina prepaga deberán admitir como adherentes a las personas que lo soliciten a su elección, independientemente de su estado de salud o de su edad. Es decir, los nuevos adherentes recibirán el mismo trato que quienes durante años han aportado al sistema fomentando conductas especulativas y ajenas al más elemental principio de solidaridad que caracteriza la actividad del seguro y por el cual, tampoco se puede justificar que las entidades con socios aportantes por más de 30 años, les aumenten desmedidamente la cuota al superar los 70.
En efecto, el criterio de no permitir a una entidad considerar la edad de los ingresantes, en lugar de beneficiar a la masa de asociados del sistema los perjudicará, privilegiando a quien ha especulado hasta último momento para afiliarse, sin importarle su salud y su futuro. Y también penalizará a los jóvenes previsores, porque conducirá a tener que eliminar los actuales y más económicos planes promocionales para los rangos de edades con menor posibilidad de contraer enfermedades o requerir tratamientos complejos. En este sentido, por otra parte, contempla el proyecto una prohibición para aumentar la cuota para los mayores de 65 años con sólo diez años de afiliación, con lo cual se podría esperar hasta los 55 años de edad sin asociarse al sistema para hacerlo recién entonces, que es cuando es más común la aparición de distinto tipo de afecciones. Finalmente, la norma que se pretende sancionar, al eliminar los períodos de carencias e imposibilitar que las enfermedades preexistentes puedan ser causal de rechazo de admisión, fomentará el artificio de que muchas personas se afilien a una entidad de medicina prepaga para hacerse una costosa intervención o tratamiento y luego desafiliarse.
Para graficar de algún modo las consecuencias de estas medidas basta imaginar que el día de mañana se disponga que las compañías de seguros deban cubrir contra todo riesgo y por el valor de un automóvil nuevo uno notoriamente deteriorado, o que los bancos deban obligatoriamente prestar dinero a personas o empresas reconocidamente insolventes.
El proyecto aprobado por Diputados tornará inviable al sector. En el corto plazo, por el inevitable aumento de costos, producto de la libre admisión. Y en el mediano plazo, porque se sumará la desinversión en el sector. Es de esperar que en el Senado no se apruebe este errado proyecto. Con la salud de la población no se puede jugar alegremente.
