La Nación - Nota - Editorial - Pag. 22
Editorial I

Desde que se hizo pública la decisión del gobierno nacional de transferir al sistema de reparto estatal los ahorros jubilatorios que millones de argentinos habían confiado al gerenciamiento de las AFJP, se ha desatado un debate sobre las ventajas y perjuicios de uno y otro régimen, y sobre el procedimiento con que la Presidenta y su esposo adoptaron la medida.

Las voces más críticas pusieron el acento en que esa estatización representa un menoscabo al principio de la propiedad privada. Esa posición es acertada y desde estas páginas se la defendió desde un comienzo, cuando afirmamos que estábamos ante la tentativa de un "robo legalizado". En efecto, los fondos que cobijaban las AFJP pertenecen a los aportantes, a tal punto que forman parte de la herencia en el caso de que el titular de la cuenta de capitalización falleciera.

Sin embargo, hay otro derecho que se ve gravemente violentado con la decisión del Poder Ejecutivo y sobre el cual poco se ha dicho. Es una prerrogativa que está íntimamente ligada a la propiedad individual: el derecho de elegir. Cuando se sancione la ley para traspasar al régimen de reparto los fondos acumulados en el régimen de capitalización, los aportantes no sólo serán desprovistos de sus ahorros. También se les arrebatará el derecho de elegir a cuál sistema destinarlos. La posibilidad de optar entre uno u otro era uno de los beneficios que ofrecía el orden anterior.

En el caso del gobierno actual, el abandono de ese principio es más grave. Fue apenas el año pasado cuando la administración de Néstor Kirchner, con el actual jefe de Gabinete al frente de la Anses, consultó a los contribuyentes al régimen de capitalización si deseaban pasarse al de reparto. Cada uno tuvo derecho de decidir y lo hizo. Los más de 3.500.000 adherentes a las AFJP acababan de rechazar la invitación que les había hecho el Estado, bajo una fortísima propaganda, a mudarse al modelo de reparto. Ahora, con la confiscación, el Gobierno les dice a los ciudadanos que optaron de ese modo que su decisión carece de todo valor. Que no será tenida en cuenta. Que los funcionarios cuidarán mejor que ellos de sus intereses. En definitiva, que se los consultó en vano y que, una vez más, será el Gobierno quien, desoyéndolos, decidirá qué destino darles a los fondos que pertenecen a los aportantes al sistema.

Este desdén por la decisión individual no debería llamar la atención. Parece ser un dato central y lamentable de muchos aspectos de nuestra vida pública. En las sucesiones, por ejemplo, la porción disponible de los padres es sólo un quinto del patrimonio, la más reducida de cualquier legislación con la que pueda compararse.

En la sociedad conyugal, los contrayentes tampoco pueden acordar nada respecto de los bienes a compartir, ni siquiera antes de celebrar el matrimonio.

El régimen electoral también les niega a los argentinos la posibilidad de adherir o rechazar la oferta que realizan los partidos a través de una lista sábana que supone un "tómalo o déjalo".

Y el Estado sustituye al individuo a la hora de decidir a qué organización confiarle la atención de la salud. Por ley, los trabajadores están obligados a afiliarse a una obra social sindical y sólo pueden cambiar el destino de su aporte si es para dirigirlo a otra entidad del mismo tipo. Si quisieran, en cambio, aportar directamente a una empresa prepaga o a un seguro de salud les está prohibido hacerlo.

El menosprecio por las decisiones individuales alcanzó límites insospechados en la historia nacional reciente. Basta recordar que la Constitución Nacional fue modificada, en 1994, por convencionales constituyentes que estaban obligados a pronunciarse por un paquete cerrado de reformas que incluían la reelección presidencial, el ballottage, la elección directa del jefe de gobierno porteño, la instauración de un tercer senador por la minoría y el establecimiento del Consejo de la Magistratura. Si algún representante quería votar por algún inciso de ese "núcleo de coincidencias básicas" pero no por otro, le estaba prohibido.

Estos casos demuestran que, en distintas esferas de actuación, el Estado argentino trata a los ciudadanos a partir de una premisa peyorativa, es decir, a partir de la suposición de que no saben valerse por sus medios ni discernir con claridad cuáles son sus intereses. El orden público es, según esta particular visión, más inteligente que el privado; los gobernantes, más perspicaces y sabios que los gobernados. Este paternalismo supone una minusvalía casi infantil de los ciudadanos. Toda una curiosidad en un país que se ha hecho famoso por su torpeza colectiva en contraste con el talento que exhiben sus individualidades.

La humanidad tardó bastante en alcanzar ese estado civilizador por el cual el orden público se regula a partir de las decisiones de quienes lo integran. En otras palabras, tardó en descubrir las virtudes, cada vez más evidentes, de la democracia y la República. Ambas se fundan en un derecho cuya violación supone siempre una regresión en la calidad de la vida social: el derecho de elegir, que con la proyectada ley previsional impulsada desde el Poder Ejecutivo volverá a violarse, al tiempo que se consagrará la existencia de un Estado autoritario que avanza cada vez más sobre los ciudadanos.